La exoneración del pasivo restante, regulada en los artículos 235 y siguientes del Código de Insolvencia y Recuperación de Empresas portugués (CIRE), permite que el deudor persona física declarado insolvente quede liberado de las deudas que no se paguen en el procedimiento de insolvencia ni en los tres años siguientes a su conclusión. Es una segunda oportunidad para empezar de nuevo sin el peso de las deudas pasadas, pero no es automática: depende de la conducta del deudor antes, durante y después del procedimiento.

Qué deudas quedan fuera

La exoneración no comprende (artículo 245.2 del CIRE):

  • los créditos por alimentos;
  • las indemnizaciones debidas por hechos ilícitos dolosos cometidos por el deudor, siempre que se hayan reclamado con ese carácter;
  • las multas y otras sanciones pecuniarias por delitos o infracciones administrativas;
  • los créditos tributarios y de la seguridad social.

Cómo y cuándo se solicita

La solicitud la presenta el deudor en el escrito por el que pide su declaración de insolvencia o, si la insolvencia la solicita un acreedor, dentro de los 10 días siguientes a la citación (artículo 236 del CIRE). Una solicitud posterior puede aún ser admitida por el juez, pero siempre se rechaza si se presenta después de la junta de apreciación del informe o, si no hay junta, transcurridos 60 días desde la sentencia que declaró la insolvencia.

Antes: la conducta que puede impedir la exoneración

La solicitud se inadmite de plano en varias situaciones previstas en el artículo 238 del CIRE, entre ellas cuando el deudor:

  • haya facilitado, con dolo o culpa grave, información falsa o incompleta sobre su situación económica para obtener crédito, en los tres años anteriores al procedimiento;
  • ya haya obtenido la exoneración en los 10 años anteriores;
  • no haya solicitado su insolvencia cuando debía, o haya dejado pasar más de seis meses, en perjuicio de los acreedores y sabiendo que no existía una perspectiva seria de mejora;
  • sea, según los indicios, muy probablemente culpable de la creación o el agravamiento de la insolvencia;
  • haya sido condenado por insolvencia dolosa, insolvencia negligente, frustración de créditos o favorecimiento de acreedores (artículos 227 a 229 del Código Penal portugués) en los 10 años anteriores o después de la solicitud de insolvencia.

Durante: el período de cesión

Si se admite la solicitud, el juez dicta la resolución inicial y nombra un fiduciario. Durante los tres años siguientes a la conclusión del procedimiento de insolvencia — el período de cesión —, los ingresos disponibles del deudor se consideran cedidos al fiduciario, que los reparte entre los acreedores (artículo 239 del CIRE).

Los ingresos disponibles son todo lo que percibe el deudor, salvo lo que el juez excluya, en particular lo razonablemente necesario para el sustento mínimamente digno del deudor y de su unidad familiar y para el ejercicio de su actividad profesional. El importe excluido para el sustento no debe, por regla general, superar tres veces el salario mínimo nacional, salvo resolución motivada del juez. Si cambian las circunstancias del deudor, el tribunal puede revisar ese importe.

Durante el período de cesión, el deudor está obligado, entre otros deberes (artículo 239.4 del CIRE), a:

  • no ocultar ni disimular los ingresos que perciba, por cualquier título;
  • ejercer una profesión remunerada, no abandonarla sin motivo legítimo y, si está desempleado, buscar empleo con diligencia, sin rechazar injustificadamente un trabajo para el que sea apto;
  • entregar inmediatamente al fiduciario la parte de los ingresos que le está cedida;
  • informar al tribunal y al fiduciario de cualquier cambio de domicilio o de condiciones de empleo en el plazo de 10 días;
  • no realizar pagos a los acreedores de la insolvencia salvo a través del fiduciario, ni conceder ventajas especiales a ninguno de ellos.

Prórroga y terminación anticipada

El período de cesión puede prorrogarse hasta un máximo de tres años, a solicitud motivada del deudor, de un acreedor, del administrador de la insolvencia o del fiduciario, en los casos previstos en el artículo 242-A del CIRE. La prórroga no depende de la mera conveniencia: exige que concurran los requisitos legales.

El tribunal también puede poner fin anticipadamente al procedimiento de exoneración (artículo 243 del CIRE), en particular cuando el deudor incumpla, con dolo o culpa grave, los deberes a los que está sujeto, perjudicando la satisfacción de los créditos; cuando se conozca, después de la resolución inicial, alguna de las circunstancias que habrían justificado la inadmisión de la solicitud; o cuando la insolvencia se califique como culpable.

Después: la decisión final y la revocación

Terminado el período de cesión, el juez decide, oídos el deudor, el fiduciario y los acreedores, si concede la exoneración (artículo 244 del CIRE). Solo se concede si el deudor ha cumplido sus deberes y no concurre ninguno de los motivos de denegación previstos en la ley. Una vez concedida, extingue los créditos que aún subsistan, con las excepciones antes indicadas.

Incluso después de concedida, la exoneración puede revocarse, en los términos y plazos del artículo 246 del CIRE, si se prueba que el deudor incumplió dolosamente sus deberes durante el período de cesión, o que concurría alguna de las situaciones que impedían la exoneración, con perjuicio relevante para los acreedores.

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa beneficiarse de la exoneración del pasivo restante?

No. La exoneración se destina solo a personas físicas. Las empresas disponen de otros instrumentos, como el Procedimiento Especial de Revitalización (PER) o el plan de insolvencia.

¿Cuánto de sus ingresos puede conservar el deudor?

El importe lo fija el juez caso por caso, en función de lo necesario para el sustento mínimamente digno del deudor y de su unidad familiar. Por regla general, no debe superar tres veces el salario mínimo nacional, pero el juez puede fijar un importe distinto mediante resolución motivada.

¿Se perdonan las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social?

No. Los créditos tributarios y de la seguridad social están excluidos de la exoneración (artículo 245.2.d) del CIRE), al igual que las deudas por alimentos y las multas.

Nota final

La exoneración del pasivo restante exige un compromiso de tres años y una conducta transparente ante el tribunal y el fiduciario. Estas materias forman parte del área de Insolvencia y Reestructuración de ME&JBA — Advogados, en Lisboa.*

Manuel Elísio
Abogado

* En la preparación de este artículo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como instrumento auxiliar de apoyo a la estructuración y redacción del texto, así como a su revisión y mejora lingüística. El análisis jurídico, la selección y validación de los fundamentos legales y la revisión final del contenido son responsabilidad del autor.