Las dificultades financieras no conducen necesariamente a la insolvencia. El Código de Insolvencia y Recuperación de Empresas portugués (CIRE) prevé procedimientos que permiten al deudor negociar con los acreedores un plan para regularizar sus deudas, con la protección del tribunal durante las negociaciones. Estos instrumentos tienen, sin embargo, un requisito común: solo pueden utilizarse antes de que la situación sea irreversible. Actuar a tiempo es, por tanto, determinante.

No basta con elegir entre el PER, el PEAP y la insolvencia en función de la naturaleza del deudor. Es necesario evaluar la viabilidad económica, la composición del pasivo, las garantías prestadas y la posición de los principales acreedores.

Tres situaciones distintas

  • Situación económica difícil: el deudor tiene serias dificultades para cumplir puntualmente sus obligaciones, por falta de liquidez o por no poder obtener crédito.
  • Insolvencia inminente: todavía no hay un incumplimiento generalizado, pero es previsible que se produzca a corto plazo.
  • Insolvencia actual: el deudor no puede cumplir sus obligaciones vencidas (artículo 3 del CIRE). En las personas jurídicas, también hay insolvencia cuando el pasivo es manifiestamente superior al activo.

El PER y el PEAP se destinan a las dos primeras situaciones. En la tercera, el camino es el procedimiento de insolvencia.

PER: Procedimiento Especial de Revitalización

El PER (artículos 17-A y siguientes del CIRE) se destina a empresas en situación económica difícil o en insolvencia inminente que todavía puedan recuperarse. El proceso se inicia en el tribunal, a petición de la empresa, con la declaración escrita de uno o varios acreedores que, sin estar especialmente relacionados con la empresa, sean titulares de al menos el 10 % de los créditos no subordinados, junto con los documentos que acrediten la situación de la empresa.

Admitido el proceso, se nombra un administrador judicial provisional y se abre un período de negociación, por regla general de dos meses, prorrogable por uno más. Durante las negociaciones, y en los términos y límites previstos por la ley, las acciones ejecutivas para el cobro de créditos contra la empresa quedan suspendidas, por un período máximo de cuatro meses, prorrogable por un mes, lo que permite a la empresa seguir funcionando mientras negocia.

Si el plan de recuperación es aprobado por los acreedores, con las mayorías legales, y homologado por el tribunal, vincula a todos los acreedores, incluidos los que votaron en contra o no participaron. Desde la reforma introducida por la Ley n.º 9/2022, de 11 de enero, la votación puede hacerse por categorías de acreedores.

Para quien prefiera una negociación confidencial y sin intervención del tribunal, existe también el Régimen Extrajudicial de Recuperación de Empresas (RERE), aprobado por la Ley n.º 8/2018, de 2 de marzo.

PEAP: Procedimiento Especial para Acuerdo de Pago

El PEAP (artículos 222-A y siguientes del CIRE) sigue una lógica similar, pero se destina a deudores que no sean empresas, como las personas físicas y las familias. También aquí hay una negociación con los acreedores bajo la supervisión de un administrador judicial provisional y, una vez aprobado y homologado, el acuerdo vincula a todos los acreedores.

Cuando la insolvencia ya existe

Las empresas tienen el deber de solicitar su declaración de insolvencia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que conozcan, o debieran conocer, esa situación (artículo 18 del CIRE). El incumplimiento de este deber hace presumir la culpa grave de los administradores en la calificación de la insolvencia (artículo 186.3 del CIRE), con consecuencias personales para quienes gestionaban la empresa. Las personas físicas que no sean titulares de una empresa están dispensadas de este deber.

La insolvencia no significa necesariamente el cierre: el plan de insolvencia (artículos 192 y siguientes del CIRE) puede prever la recuperación de la empresa. Para las personas físicas, la exoneración del pasivo restante (artículos 235 y siguientes del CIRE) permite, si se cumplen los requisitos legales, obtener el perdón de las deudas no pagadas al final de un período de cesión de ingresos, que actualmente es de tres años. No obstante, en determinadas circunstancias, el período de cesión puede prorrogarse hasta un máximo de tres años adicionales (artículo 242-A del CIRE).

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa ya insolvente recurrir al PER?

No. El PER exige que la empresa esté en situación económica difícil o en insolvencia inminente. Ante una insolvencia actual, la vía adecuada es el procedimiento de insolvencia, en el que todavía puede presentarse un plan de recuperación.

¿Están obligados los acreedores a aceptar el plan?

Ningún acreedor está obligado a votar a favor. Pero, si el plan se aprueba con las mayorías exigidas por la ley y lo homologa el tribunal, se aplica también a los acreedores que votaron en contra.

¿Quedan protegidos los avalistas y fiadores por el plan?

Por regla general, no. El plan aprobado en el PER o en el PEAP regula las deudas del deudor, pero no elimina automáticamente la responsabilidad de quienes garantizaron personalmente esas deudas, salvo que el plan lo prevea con el acuerdo de los acreedores afectados.

Nota final

Estas materias forman parte del área de Insolvencia y Reestructuración de ME&JBA — Advogados, en Lisboa, que incluye también el asesoramiento jurídico a la masa de la insolvencia.*

João Brazete de Almeida
Abogado

* En la preparación de este artículo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como instrumento auxiliar de apoyo a la estructuración y redacción del texto, así como a su revisión y mejora lingüística. El análisis jurídico, la selección y validación de los fundamentos legales y la revisión final del contenido son responsabilidad del autor.